Las abogadas feministas Jennifer García Capote y Alina Herrera Fuentes analizan la participación de las mujeres en la democracia en este diálogo de tres, desde argumentos que motivan a reconsiderar concepciones anquilosadas en el discurso político tradicional con enfoques más inclusivos y justos.
¿Qué ha significado la democracia en la vida de las mujeres y por qué no puede existir democracia sin mujeres?
Jennifer García Capote (JGC): Las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población mundial, por tanto, son un grupo importante que debe ser escuchado y cuyos intereses deben estar representados en las políticas del Estado.
La lucha por la democracia de las mujeres empieza por el derecho al voto, de acuerdo con algunas teóricas feministas, y pasa por el reconocimiento de derechos elementales como el acceso a la educación superior, las posibilidades de administrar sus ingresos y bienes, mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas, el ascenso a cargos públicos, entre otros.
Otra cuestión indispensable para alcanzar una verdadera democracia es la eliminación de todas aquellas legislaciones discriminatorias, así como la promulgación de normas y diseño de políticas favorables a la equidad de género.
La democracia paritaria ha sido la bandera de lucha de algunos grupos feministas y gracias a estas acciones se han promovido transformaciones sociales, laborales, familiares y políticas valiosas.
El camino continúa siendo largo y difícil, pues en la toma de decisiones debe existir diversificación, para que estén representados todos los intereses de los distintos sectores y grupos sociales que se traduzcan en políticas.
Alina Herrera Fuentes (AHF): Para hablar de democracia y mujeres habría que empezar por preguntarse por qué es necesario hablar ello. Aunque hemos tenido avances legislativos y también cambios significativos en la construcción de la política desde un enfoque de género, todavía falta.
Se ha dicho que históricamente las mujeres hemos estado relegadas a la esfera privada de la vida entendiendo por esta el hogar y las tareas domésticas y de cuidado; mientras que a los hombres les pertenece la esfera pública como sinónimo de trabajo no doméstico, y referente a la participación en la política.
Esta noción es claramente una visión occidental-blanca-hegemónica puesto que las mujeres negras asumieron labores de trabajo forzado esclavizante en su gran mayoría no doméstico, otras desarrollaron actividades económicas y mercantiles como en los servicios de hospedaje, cantinas, lavandería, alimentación, etc., y trabajo remunerado propiamente dicho sobre todo a partir del siglo XX en el contexto latinoamericano; incluso en territorios del Cono Sur, como Argentina, mujeres blancas, migrantes y obreras tuvieron que ocupar otras labores.
Pero, volviendo a la dicotomía entre lo público y lo privado, esta nace de corrientes liberales y, para perforar esta teoría y esa realidad polarizada, generizada y cristalizada es que «lo personal es político» cobra tanta fuerza. La feminista Carole Pateman ha ampliado esta consigna y ha dicho que «los problemas personales solo se pueden resolver a través de medios y actuaciones políticas».
No obstante, la genealogía feminista sitúa los inicios de las luchas de las mujeres por el acceso a la vida política mediante los movimientos sufragistas de cada país o región; es decir, el derecho al voto (refiero solo este derecho porque la lucha por los derechos de las mujeres no nace con el sufragismo; los derechos laborales, sindicales, derechos sobre el reconocimiento paterno de los hijos, a la herencia de hijos fuera del matrimonio y demás, fueron impulsados también y desde antes por los movimientos de mujeres obreras de tradición marxista y también por los grupos de mujeres racializadas nucleadas alrededor de la lucha por los derechos de las personas afrodescendientes).
Sin embargo, la participación en la política y en la vida pública de los Estados no se reduce al derecho al sufragio, sino que implica poder acceder a la toma de decisiones en cualquier nivel, implica participar e incidir en los procesos de transformación política, social y económica de un determinado país.
En este sentido podemos hablar de que las mujeres no solo alcancen puestos dentro del marco de la representación política, sino también que logren incluirse e incluso ampliar los espacios de la vida pública que se caractericen por dinámicas enmarcadas en lo que conocemos como democracia deliberativa y participativa, fundamentalmente.
Lograr niveles de igualdad o paridad en los asuntos públicos con un enfoque de género implica reconocer por qué no se ha alcanzado. Por qué las mujeres seguimos en situaciones de desventaja respecto a los varones.
Porque persisten desigualdades estructurales en base al género y a la sexualidad: la pobreza feminizada, el empleo informal feminizado, la doble y hasta triple jornada de trabajo (el trabajo remunerado, no remunerado y los cuidados en general), las tareas domésticas se concentran como roles exclusivos para las mujeres con una diferencia promedio de entre 10-12-14 horas semanales respecto a los hombres, esto quiere decir menos horas de descanso, menos tiempo dedicado al ocio, a la superación, a la vida social y a la vida política.
Son menos propietarias de viviendas, de tierra; tienen menos acceso a los recursos materiales; existe una brecha salarial; invisibilización del trabajo reproductivo en la economía formal; migraciones forzadas; violencia de género; discriminaciones de género imbricadas por otras opresiones como raza, origen étnico/territorial, identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, etc. En ese orden de cosas, ¿cómo se puede lograr esa igualdad democrática, política?
Seguimos siendo «ciudadanas de segunda»; sin lograr esa ciudadanía plena que, como ha analizado Nancy Fraser, requiere corregir las injusticias socio-económicas y simbólico-culturales mediante políticas de reconocimiento (en la dimensión cultural, social y agregaría jurídica) y de redistribución material.
Entonces esa ciudadanía plena de las mujeres, que integra la autodeterminación individual y colectiva, la expresión y representación de las demandas y el ejercicio de los derechos no solo políticos y civiles, sino también, y con urgencia, la satisfacción de los derechos sociales y colectivos, se verá realizada en la medida en que la democracia sea construida desde abajo.
A esa democracia le dan forma, en un sentido dialéctico, los movimientos sociales y entre estos los de mujeres, diversidades, afros, obreros, ambientalistas y demás. Y esto se relaciona con el concepto de democracia que nos ofrece la feminista y socialista Chantal Mouffe, sintetizada como «soberanía popular con pluralismo».
¿Qué hitos políticos e históricos se pueden considerar fundamentales en las conquistas democráticas de las mujeres?
AHF: Conquistar el derecho al voto fue sin duda un parteaguas para los movimientos de mujeres; sin embargo, no fue suficiente. Se ha logrado el reconocimiento formal/constitucional como ciudadanas con iguales derechos y oportunidades; pero, se sabe, esta es una noción liberal que se agota en la formalidad.
De ahí que algunas académicas feministas como Line Bareiro hagan referencia al ejercicio de una ciudadanía restringida en diferentes gradaciones para abordar las desigualdades en política.
De hecho, esta noción formal e igualitaria de la ciudadanía de las mujeres tiende a expulsar e invisibilizar otras mujeres y subjetividades como las migrantes, las racializadas, las de otras identidades de género, las empobrecidas, obreras, y más.
Una crítica similar se le hace a la democracia paritaria, que considero otro hito político. La democracia paritaria es un término que nace en 1992 mediante la declaración de la Primera Cumbre Europea Mujeres en el Poder y se refiere a que la representación política debe conformarse con un 50 % de hombres y el otro 50 % de mujeres, atendiendo a cuestiones numéricas, binarias y biologicistas.
No obstante, nuevamente para Bareiro en el contexto de América Latina y el Caribe, la democracia paritaria debe abarcar los cargos por designación, la composición de los partidos políticos y la conformación/implementación de las políticas públicas como obligación de los Estados.
Aunque para los países de América Latina y el Caribe la democracia paritaria comprende más aristas del mundo público-político, es importante hacer hincapié en la connotación clasista, cisgénero y heteronormada de estos logros. Aún cuando existen países como
Argentina que han sumado a sus hitos la ley de cuotas para personas transexuales, travestis y transgéneros, antecedidos por leyes de identidad de género, todavía quedan otros ejes de desigualdades/opresión invisibilizados sin atención, sin corrección.
Son once los países con leyes de paridad de género (en distintas esferas de la política): Argentina (2017), Bolivia (2010), Costa Rica (2009), Ecuador (2009), Honduras (en vigor a partir de 2016), México (2014), Nicaragua (2012), Panamá (2012), Perú (2020), Venezuela (2015) y Chile (2020), para el proceso constituyente.
Es imperativo referir a Cuba como un país con paridad de género en sus órganos legislativo y ejecutivo aun sin la promulgación de la ley. En el último informe voluntario ante la Cepal se describe que el 51,5 % de los dirigentes en el Estado y el Gobierno son mujeres, el 53,2 % de los asientos parlamentarios y el 53,3 % del total de gobernadores y vicegobernadores.
Estas leyes e indicadores no son suficientes. Teniendo en cuenta las características de nuestra región, ¿cómo es posible que aumenten las políticas de paridad y cuotas mientras, paralelamente, sigue aumentando la violencia basada en género y sexualidad, y las brechas de desigualdad se amplían?
Qué mujeres llegan al poder, cuáles hacen la política, a qué intereses responden y a qué estatus social pertenecen. También, qué cargos son los destinados/designados para ellas.
Es muy probable que el feminismo comunitario (con grandes pensadoras y exponentes como Adriana Guzmán, Silvia Rivera y Julieta Paredes) nos aporte otros modos de pensar y hacer la democracia; otros modelos, como el de democracia intercultural que complementa las formas representativa, participativa y comunitaria, y fue acogido en las constituciones de Ecuador y Bolivia como principio/forma de participación democrática (artículos 95 y 11 respectivamente).
Estas experiencias no son tan distantes como pareciera respecto a otros contextos y territorios. Pueden llegar a ser útiles si hablamos de los municipios, zonas periurbanas, rurales, periféricas.
¿Qué transformaciones deben impulsarse en Cuba para concebir la democracia desde la inclusión de grupos sociales cuyas representación y participación han estado más limitadas en la vida política del país?
JGC: Promover la participación en la toma de decisiones y agenda política de un país posibilita que se atiendan temas urgentes como las violencias de género, las relaciones familiares concebidas en el marco de un enfoque plural de familia, la educación integral de la sexualidad, por poner algunos ejemplos.
Cuba, aún alcanzando cifras destacables en función de lograr esta paridad (después de la reforma constitucional de 2019 las mujeres representan el 53,22 % en la Asamblea Nacional y el 47,61 % en el Consejo de Estado), aún tiene desafíos notables. El Primer Ministro es un hombre y el Consejo de Ministros cuenta con el 25 % aproximadamente de mujeres en cargo de Ministras.
No existe en nuestro país una Ley de Cuotas que garantice escaños en los órganos de dirección a las mujeres, una política que se ha empleado con éxito en algunas regiones de Latinoamérica.
Por otra parte, considero que, al no existir movimientos feministas organizados y reconocidos en Cuba, la lucha se dispersa y las exigencias de voces aisladas no encuentran un respaldo efectivo en las políticas estatales.
Es así que no existe ni se proyecta a corto plazo una Ley de Protección Integral a la Mujeres a pesar de los reclamos de activistas y organizaciones no gubernamentales, y de las difíciles situaciones de violencia física y emocional que viven muchas mujeres, que llegan hasta a ser víctimas de feminicidio, flagelo creciente en el país y del que no existen cifras oficiales.
No obstante, las nuevas propuestas del anteproyecto de Código de las Familias muestran un salto cualitativo en la igualdad de género y de las relaciones familiares, al mostrarse como cuerpo legal más inclusivo y democrático, atemperado a las nuevas realidades familiares y sociales en Cuba.
La democracia paritaria no solo se manifiesta en la vida pública, en el ascenso a cargos políticos, sino también en la vida privada, en el reconocimiento de las labores domésticas, en la necesidad de redistribuir las actividades del hogar y la carga en la crianza de los hijos.
Cuba atraviesa en estos momentos un profundo proceso de transformación y actualización de su legislación, propicio para atender las necesidades de las mujeres y otros grupos en situaciones de vulnerabilidad jurídica y social, para incluir una mirada de género en todos los ámbitos y trazar políticas que favorezcan la democracia, aprovechando el valioso capital humano femenino que posee.
