Si no estuviese tan oscuro
A la vuelta de la esquina
O simplemente, si todos
Entendiésemos que todos
Llevamos un viejo encima *
Hoy 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990, a través de la Resolución 45/106. Un día para sensibilizar, llamar la atención, señalar que existe un grupo cada vez más numeroso de personas mayores, con acumuladas y renovadas necesidades, con derechos y demandas que requieren que los Gobiernos y los Estados actúen y tomen medidas en pos de su atención.
Es también un día para conversar y reparar en los significados que asignamos al proceso de vivir-envejecer, las diversas maneras de experimentar y valorar la vejez, y las representaciones e imágenes que sobre las personas mayores circulan en los medios masivos de comunicación, en los libros de texto, en los mensajes políticos, en definitiva, en nuestras conversaciones cotidianas.
Hay múltiples formas de maltrato que vienen desde nuestros propios discursos y que luego se reproducen en prácticas excluyentes y discriminatorias hacia las personas mayores.
El interés sobre la situación de la vejez viene tomando fuerza desde la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
A nivel regional, en 2015 con la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores se consigue tener un instrumento de carácter vinculante, que obliga a los Estados de la región a implementar cambios legales e institucionales de cara a promover y resguardar los derechos de las personas mayores.
Este año, el día internacional dedicado a las personas mayores es particularmente importante. La actual pandemia generada por la COVID-19 ha puesto más en evidencia la vulnerabilidad de este grupo. Esa es la razón por la que las Naciones Unidas ha instado a los Gobiernos a proteger los derechos humanos de las personas mayores, al poner especial énfasis en los más vulnerables como aquellos que viven solos, que pertenecen a instituciones o a comunidades de bajos ingresos con acceso deficitario a la atención médica, a menudo en situación de subempleo y sin protección social.
Asimismo, se ha puesto énfasis en que las declaraciones de emergencia sanitaria o de seguridad estén en consonancia con el respeto a los derechos humanos y en ningún caso se usen como base para socavar los derechos de grupos particulares de población.
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Quizá, llegar a viejo
Sería todo un progreso
Un buen remate
Un final con beso
Según las Naciones Unidas, en 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años mundialmente. Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.
Cuba se ha convertido en el país más envejecido de América Latina en la actualidad y para 2050 se proyecta que será el noveno más envejecido del mundo, con prácticamente un tercio de la población mayor de 60 años. Este dato puede ser interpretado, en primera instancia, como una buena noticia.
“Sería todo un progreso”, diría el cantor. Los cubanos y cubanas podemos vivir más tiempo (la esperanza de vida es de 76,5 años) y esto se ha conseguido en un lapso menor que las sociedades europeas, en las cuales la transición demográfica que culminó con el envejecimiento de la población se logró en el curso de varias generaciones.
En la isla, el envejecimiento se ha producido en un triple sentido: a) un aumento relativo de la población de 65 años y más con respecto al total de la población, aparejado de un decrecimiento de la población joven y de la población total en valores absolutos; b) un proceso de envejecimiento de la vejez, a través del aumento relativo de los más viejos (75 años y más) dentro del grupo de 60 años y más y c) un proceso de feminización de la vejez. Las mujeres son mayoría entre las personas mayores y tienen más esperanza de vida.
Habría que celebrar que se ha mejorado la disponibilidad de nuevos datos sobre el envejecimiento y los cuidados, pues su carencia ha constituido un problema en la investigación social sobre este tema en Cuba. La anterior Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional (ENEP) se publicó en 2011.
Sin embargo, el actual informe, publicado en 2019, reconoce la necesidad de actualizar y completar la base informativa sobre las características y evolución del proceso de envejecimiento de la población cubana, que representa hoy día uno de los desafíos más importantes y complejos de la sociedad cubana.
Esta nueva medición además incluye datos desagregados por género, y en algunos casos por color de la piel, lo que es un gran avance. Agrega además nuevas temáticas relacionadas con la fragilidad, dependencia, características de los cuidadores y carga del trabajo del cuidador, así como aquellas que son evidencias del envejecimiento activo, participativo y saludable.
Pero quedan muchas áreas pendientes, como la realidad de las personas en situación de calle (que aún se siguen denominando deambulantes), la migración interna e internacional, el cuidado en sus múltiples aristas, entre muchas otras.
Sin que todas las personas mayores cuenten, ¿cómo podremos ampliar y asegurar sus derechos?, ¿cómo podremos garantizarle una debida protección social?, ¿cómo podremos, en definitiva, asegurarles una vejez digna?
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Y después de darlo todo
En justa correspondencia
Todo estuviese pagado
Y el carné de jubilado
Abriese todas las puertas
A la fecha, Cuba no ha firmado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que entró en vigor en 2017 y que es de carácter vinculante. Su firma garantizaría, al menos, compromisos y obligaciones internacionales que el Estado cubano debería cumplir y que, al mismo tiempo, la ciudadanía podría hacer exigibles.
Implicaría incorporar un enfoque de derechos en las normas y políticas y avanzar hacia la creación de una institucionalidad que pueda estar en consonancia con ellos. Esto es imperativo en el caso cubano. La normativa en curso padece de un desajuste respecto a estándares jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de las personas mayores.
Es notoria, además, la inexistencia de una legislación específica sobre los derechos de este grupo, la falta de articulación entre la norma y las prácticas de implementación de las políticas, y la presencia de algunas áreas en las cuales claramente existe desprotección (violencia y maltrato, por ejemplo).
Ha sido un avance la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Social, que considera cambios en las pensiones y jubilaciones, además de algunas medidas para generar mayores niveles de bienestar y seguridad para las personas mayores. Sin embargo, la nueva política para abordar el envejecimiento de la población cubana aprobada en 2014 presenta varios problemas. No se hace cargo de la viabilidad financiera teniendo en cuenta que la transición epidemiológica eleva el costo sanitario.
Téngase en cuenta que el 80,6 % de las personas de 60 años y más padece al menos de una enfermedad crónica y la mitad de ellos padece por lo menos dos. La tasa de muerte por Alzheimer aumentó cerca de un 30 % entre 2007 y 2017 y la combinación de esta enfermedad con demencias se proyecta afligirá al 15 % de la población adulta en 2030.
La nueva política no reconoce la importancia de la multiplicidad de actores que han aparecido como proveedores de cuidado de las personas mayores (iglesias, organizaciones no gubernamentales, proyectos comunitarios, etc.). Tampoco explicita cómo incorporar las distintas iniciativas en una agenda común sobre el envejecimiento.
Le falta claridad respecto a plazos, instancias de seguimiento y responsables de los mecanismos de programación e implementación y los sistemas de información de las políticas. Adolece de disponibilidad y accesibilidad a datos actualizados sobre cada uno de los subprogramas de atención a personas mayores, aunque se han reportado avances en el sistema de información sobre estadísticas demográficas de este grupo.
Con preocupación, se observa cómo la Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, además de contener una visión economicista de la crisis, introduce un conjunto de medidas cuyos efectos distributivos esperados son los de una segmentación mayor de grupos sociales.
Una estrategia que impediría disminuir el riesgo de caer bajo la línea de la pobreza a muchas personas mayores que previamente estaban en situación de mayor vulnerabilidad, dependientes de pensiones que, con las medidas introducidas, pierden aún más su valor real.
Varios especialistas han concluido que existe en Cuba una masa significativa de personas con riesgo de pobreza de ingresos (Everleny, 2018; Monreal, 2018; Espina, 2020). En dicha situación estarían el 41,7 % de la fuerza de trabajo estatal, los pensionados y los beneficiarios de la asistencia social. Sumadas las tres categorías, serían 5 753 804 personas, lo que equivaldría, aproximadamente, al 51 % de la población cubana (Everleny, 2018). En este escenario, el rol de la asistencia social es vital para contener el empobrecimiento y proteger los grupos vulnerables (Torres Santana, 2020b).
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Si tuviese más ventajas
Y menos inconvenientes
Si el alma se apasionase
El cuerpo se alborotase
Y las piernas respondiesen
A pesar de no disponer de información que permita un monitoreo de los efectos de la crisis sanitaria y social desatada por la pandemia sobre determinados grupos en Cuba, podemos anticipar que, tanto por los criterios médicos, como por las medidas epidemiológicas y las reformas económicas, aumentarán las personas que requerirán de mayor atención y apoyo.
Al considerar los criterios médicos, se han definido fundamentalmente a las personas mayores y con determinados padecimientos crónicos como las más vulnerables frente al contagio. La letalidad estimada por razón de este virus en las personas mayores de 60 años es más alta que en cualquier otro grupo etario y en el caso cubano se confirma. El grupo de 60+ concentra el 85,7 % de los fallecidos en la Isla (Covid19 CubaData).
Atendiendo a las medidas epidemiológicas para contener el contagio (o impedir un repunte) —el confinamiento en los domicilios, el distanciamiento social, la paralización parcial de la economía, etc.—, dentro de las propias personas mayores, cabe considerar como más vulnerables aquellas que viven solas, que representan en Cuba el 17,4 % (221.425 personas mayores, con una edad promedio de 71 años y en su mayoría mujeres).
La gran mayoría de quienes viven solos cuenta con pocos ingresos, básicamente devenidos del trabajo o la jubilación, sin otra fuente de ingreso adicional. Cerca del 7 % tiene necesidades especiales y una menor cantidad requiere cuidado continuo.
Para este grupo, el acceso a la alimentación y los medicamentos se hace especialmente difícil, así como las condiciones de salud mental, debido al aislamiento aún mayor al que deben someterse durante la pandemia.
Los efectos de la pandemia —que llegó a Cuba en medio del efecto acumulado de una crisis estructural—, el deterioro significativo en el valor real de las pensiones y de la red de protección social (disminución de bienes subsidiados), configuran un presente de crisis nacional, con perspectivas de profundización.
Las encuestas han registrado un aumento entre las personas mayores de los sentimientos de temor o incertidumbre por la seguridad económica en el futuro. Previo a la pandemia, la gran mayoría no estaba satisfecha con sus ingresos y sentían que no le alcanzaban para cubrir sus necesidades principales.
La vivienda es otro de los problemas sociales que afecta a las personas mayores. Existen dificultades de accesibilidad y del estado de las viviendas (44 % con afectaciones en su estructura), problemas relacionados con el espacio, la privacidad o la comodidad.
Se suman las precarias condiciones de habitabilidad (déficit del servicio de agua potable y malas condiciones de saneamiento). Estas condiciones se ven agravadas por las dificultades con el suministro de electricidad y el uso de combustibles para cocinar, que suelen ser contaminantes y dañinos para la salud.
En términos de la integración social, existe una baja participación social de las personas mayores en actividades que implican crecimiento personal e interacción comunitaria. Las actividades de ocio y esparcimiento son escasas y las que abundan son aquellas que no implican vínculos con otras personas.
La escasa actividad está relacionada además con una autopercepción negativa de la vejez. Las estadísticas oficiales en Cuba sobre maltrato hacia personas mayores son escasas, pero la última Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población (2017) incorporó la temática y reportó que un 11 % de las personas mayores de 60 años en Cuba han sido víctima de situaciones de maltrato por parte de sus convivientes o responsables de su cuidado.
Fuera del espacio residencial, aumentan las situaciones de maltrato. Las personas mayores que han sido víctimas al menos de una situación de maltrato en la calle u otros lugares públicos alcanzan el 16,1 %. Es altamente probable que estas situaciones de maltrato se hayan incrementado durante la pandemia.
Los reportajes periodísticos y los testimonios personales recogidos en distintos medios dan cuenta de ello, especialmente por las largas colas y dificultades de acceso a los alimentos y medicinas, así como la falta de transporte.
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Quizá, llegar a viejo
Sería más razonable
Más apacible
Más transitable
Por su parte, el derecho al cuidado está limitado por un importante déficit en el acceso a los servicios de atención para personas mayores. Los servicios y programas de cuidado para este grupo son escasos en Cuba, con problemas de infraestructura, de calidad e insuficiencia de recursos.
Los cuidados de las personas mayores siguen anclados en la familia y se continúa reproduciendo un imaginario que refuerza el rol tradicional de la mujer como cuidadora en el ámbito de las relaciones familiares.
El perfil de la cuidadora cubana muestra que un tercio tiene más de 59 años, indicador que puede evidenciar la perpetuación de condiciones de vulnerabilidad para las mujeres.
El apoyo con que cuentan estas cuidadoras familiares es escaso y demandan una atención más sistemática del médico de familia, el acceso a recursos materiales —pañales desechables, materiales de curación, entre otros— y la disponibilidad de cuidadores contratados por el Estado.
Sin embargo, frente al crecimiento de la demanda se ha experimentado una reducción importante del recurso humano (déficit de especialistas en Geriatría y Gerontología) y un deterioro significativo de las instalaciones del programa de Atención Comunitaria y el de Atención Hospitalaria. Los servicios de atención primaria también disminuyeron.
El programa de Atención Institucional que cuenta con 293 Casas de Abuelos para atención diurna y socialización, además de 155 Hogares de Ancianos gestionados por el Estado, que en 2018 albergaban un total de 15.827 adultos mayores, debe haberse afectado sustancialmente por los efectos de la pandemia.
Conviene recordar que dos de los mayores eventos de transmisión local de coronavirus ocurridos en la isla corresponden a centros de cuidado y atención a personas en situación de vulnerabilidad gestionados por el Estado. Uno de ellos se produjo en un Hogar de Ancianos en la provincia de Villa Clara; mientras que el segundo ocurrió en un centro para personas sin hogar de La Habana.
El Gobierno también administra un Sistema de Atención a la Familia (SAF) mediante el cual 76.000 personas mayores de bajos ingresos reciben comida elaborada y a precios subsidiados. Sin embargo, su alcance, calidad e impacto son modestos.
La propia ministra de Trabajo y Seguridad Social declaró que el concepto de núcleo vulnerable —criterio para recibir la atención— ha tenido que ampliarse durante la pandemia y, por lo tanto, no estará asociado solamente a personas que tengan ingresos insuficientes.
Se agregaron aquellos que no están en condiciones de trabajar ni tienen posibilidad de ayuda familiar. El problema con estas medidas en materia de grupos vulnerables es si son suficientes y adecuadas para afrontar una situación como la actual, que amenaza con prolongarse en el tiempo.
El SAF es un programa que debe reevaluarse a la luz de las nuevas necesidades sociales derivadas del envejecimiento poblacional, las crecientes desigualdades sociales, así como la escasa evaluación por parte de quienes lo reciben.
La comunidad y el tercer sector (fundamentalmente las iglesias) han comenzado a ofrecer servicios a las personas mayores frente a la sobrecarga de la familia, al déficit de la oferta estatal y el aumento de la demanda. Sin embargo, no es posible acceder a información respecto a la cobertura, alcance y contenidos de estos programas.
Cualquier propuesta de recomendaciones para Cuba debe tener en cuenta no solo los profundos —y aún impredecibles— impactos de la actual pandemia sobre la sociedad cubana, sino también el difícil contexto económico, la crisis demográfica y de cuidados, así como la situación de déficit previo de derechos y servicios para las personas mayores en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado.
Hay medidas mínimas, urgentes e inmediatas para enfrentar la crisis sanitaria y social generada por la pandemia, otras que requerirán de cambios estructurales, de mediano y largo plazo para la fase de recuperación y regreso a la llamada nueva normalidad. Una agenda mínima de promoción y respeto a los derechos humanos de las personas mayores en Cuba debería al menos considerar los siguientes puntos:
- Actualización, ampliación y adaptación del marco legal nacional, tanto a las exigencias de la normativa internacional en materia de derechos humanos de las personas mayores, como a la creciente importancia del envejecimiento en el país.
- Rediseñar e integrar las políticas sociales que promueven el derecho a ser cuidado en la vejez.
- Ampliar y mejorar la oferta programática de atención y cuidados hacia las personas mayores, para favorecer el aporte de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.
- Estimular y facilitar el desarrollo de la investigación social en relación con los procesos de envejecimiento, las políticas de atención y cuidados en la vejez.
- Ampliar y profundizar los procesos y mecanismos de participación de las personas mayores y de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas y programas que les conciernen.
* Los exergos en este artículo son versos de la canción “Llegar a viejo” de Joan Manuel Serrat.
