SERVICIOS FÚNEBRES Y LA TAREA ORDENAMIENTO: DE LO ANECDÓTICO AL PROBLEMA SOCIAL
En 2005, durante el velorio de mi hermano mayor, la administradora de la funeraria de Calzada y K, en el Vedado, me pidió contestar una encuesta de satisfacción con el servicio. Aquello me llamó la atención, porque no es una práctica habitual en Cuba aplicar este tipo de instrumentos para conocer la opinión de los usuarios de servicios y, en consecuencia, tratar de mejorar aquellos aspectos que estos señalan como negativos o deficitarios.
Es conocido el alto nivel de insatisfacción que existe en Cuba con el funcionamiento de los servicios estatales y la impotencia de la ciudadanía para ser escuchados, reclamar y obtener una mejoría.
Entre la tristeza y la rabia que me embargaban por el inesperado fallecimiento y un largo viaje para lograr despedirme, acepté contestarla. Confieso que intenté no ser todo lo crítica que debía, pensando en que podía perjudicar con mi opinión a algunos de los trabajadores, en lugar de conseguir mejorar el servicio.
No obstante, después de pasar toda la noche del velorio sin electricidad y con los baños en condiciones deplorables, mis opiniones no fueron muy positivas. Pero cuál sería mi sorpresa cuando, al rato de entregar la encuesta, la administradora de la funeraria se acerca a mi familia para reclamar por las evaluaciones negativas que habíamos dado, antes que para ofrecer una disculpa o lamentarse por lo sucedido.
Mi hermano menor le contestó que bastante teníamos con la pérdida de un familiar tan cercano como para recibir un regaño por dar una opinión que ellos mismos habían solicitado.
Recordé este tragicómico incidente personal, cuando el lunes 1 de marzo reciente, tarde en la noche, me encontré con una encuesta que el sitio web de Cubadebate ponía a disposición de los cibernautas para opinar sobre los impactos de la unificación monetaria y la llamada Tarea Ordenamiento a dos meses de su puesta en marcha. La invitación rezaba así:
«Han transcurrido dos meses de ordenamiento monetario en #Cuba. Una sola moneda y un único tipo de cambio. Crecieron los salarios y pensiones, pero también los precios. Hay más dinero en los bolsillos, pero los gastos son mayores. En esta encuesta de #Cubadebate deje su apreciación sobre cómo ha vivido estos 59 días».
Confieso que mi curiosidad profesional por un lado, y mi asombro por lo inusual del hecho, por otro, me hicieron dar clic y husmear las preguntas del cuestionario.
No es habitual que en Cuba se realicen encuestas ni sondeos de opinión pública desde hace muchos años, y mucho menos sobre temas tan estratégicamente sensibles para el Gobierno, como son la reforma económica y sus impactos sobre el bienestar de la población.
Cabe recordar que por muchos años la carrera de Sociología estuvo cerrada en Cuba, entre otras razones, porque su rol no se percibía como necesario en una sociedad «socialista» que suponía resueltos —o en camino de resolverse— muchos de los problemas sociales que esta ciencia social debía investigar.
Volviendo a la encuesta de Cubadebate, revisé las preguntas del cuestionario y celebré la iniciativa. Eran pertinentes y oportunas, aunque algunas claramente mejorables en términos técnicos.
Mientras me preguntaba a dónde irían a parar los resultados, si se podría tener acceso a ellos, me detuve a revisar un poco los comentarios al post en Facebook. Para entonces, cuando la encuesta llevaba menos de un día en circulación, había cerca de 200 comentarios, en su mayoría dando cuenta de un alto grado de insatisfacción y descontento con el impacto de las medidas en el bienestar de la población.
Era tarde en la noche y me guardé el enlace a la encuesta y a la publicación de Facebook para revisarlos con calma durante la semana. Sabía que había allí información de extraordinaria importancia para una socióloga que, justamente por esos días, andaba buscando datos sobre el impacto de las recientes medidas en la calidad de vida y en la protección social.
A dos días de estar disponible el cuestionario, me llevé una sorpresa similar a la de la funeraria. Una publicación de la periodista Yoani Sánchez alertaba que la encuesta había «desaparecido» del sitio web de Cubadebate y se encontraba inaccesible para ser contestada.
La encuesta había generado bastante entusiasmo entre los lectores, quienes respaldaron en su mayoría la necesidad de la Tarea Ordenamiento para la economía del país. Sin embargo, al mismo tiempo reconocían que había tenido un impacto negativo en sus vidas.
Me imaginé que los encargados de la encuesta o sus superiores, no contentos con los resultados y sin poder reclamarles a quienes contestaron, como hizo la administradora de la funeraria con mi familia, optaron por «desaparecerla».
El 5 de marzo, en un artículo firmado por la redacción de Cubadebate se publican algunos resultados de la encuesta, la mayoría sin porcentajes asociados y presentados como trasfondo de la cobertura periodística a la reunión del Consejo de Ministros del 4 de marzo, en la cual se analizó la «marcha» de la Tarea Ordenamiento.
El titular del artículo así lo evidencia: «La Tarea Ordenamiento es necesaria y el Gobierno ha actuado escuchando al pueblo». ¿Y lo ha escuchado a través de esta encuesta?
Llama la atención que el texto contenga una nota aclaratoria en la cual se pronuncia sobre la inesperada «desaparición» comentada en medios independientes.
La nota señala que «la encuesta, usada por Cubadebate como herramienta periodística, cerró tras dos días de su publicación, tiempo previsto para recopilar las respuestas y opiniones».
Toda invitación a contestar una encuesta debe clarificar de antemano el período en que se llevará a cabo, de manera que quienes se animen a participar conozcan los plazos de que disponen para hacerlo.
La publicación de los resultados siempre debe ir acompañada de una nota técnica en la cual se describan los criterios metodológicos empleados en su aplicación (total de población encuestada, datos sociodemográficos sobre los encuestados, tipo de muestreo, margen de error, nivel de confianza, etc.). Esta información no está disponible, como tampoco un informe completo sobre los resultados.
Sin embargo, gracias a la perspicacia y previsión de la periodista Yoani Sánchez contamos con información de sus resultados parciales: algunos pantallazos de las tabulaciones obtenidos a 48 horas de su aplicación, un reportaje sobre el tema en el diario que dirige y los más de 600 comentarios del público que el post de Facebook de Cubadebate acumula a la fecha en que escribo estas líneas.
EL DÉFICIT DE DATOS SOBRE LA OPINIÓN PÚBLICA CUBANA Y LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS
Si la intención era «escuchar al pueblo», resulta dudoso el valor estadístico del instrumento empleado por Cubadebate, por más que los resultados fueran adversos a lo esperado por el Gobierno.
Si bien puede ser atractivo, más rápido y menos costoso aplicar una encuesta online, también contiene un conjunto de problemas metodológicos y sesgos que, de no ser cautelados científicamente, impiden que sus resultados puedan hacerse extensibles al conjunto de la población.
Sin embargo, gobernantes y ciudadanía en Cuba necesitan información novedosa, fundamentada y útil sobre el país real, que ubique las principales tendencias, demandas y dificultades que impactan a la población, así como las valoraciones y opiniones que tiene sobre sus gobernantes, el presente y el futuro del país.
De ahí que la aplicación sistemática de sondeos y encuestas de opinión pública y la disponibilidad de sus resultados es urgente e imprescindible para gestionar la crisis actual.
Bien se podrían aprovechar las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTICs), pero con rigor técnico, transparencia y amplia difusión.
Más allá de lo anecdótico, que también importa como dato del restrictivo y altamente controlado contexto sociopolítico en que se opina y se investiga en Cuba, la encuesta de Cubadebate nos revela la importancia —y la responsabilidad— que las ciencias sociales cubanas tienen en investigar, documentar y analizar las transformaciones actuales y sus repercusiones sobre el bienestar subjetivo y objetivo de la población.
Son conocidas, sin embargo, las dificultades que tienen los investigadores sociales en Cuba para acceder a datos, en particular aquellos relacionados con la pobreza y la desigualdad.
Tal es la gravedad de este déficit que el economista Pedro Monreal le ha llamado «apagón estadístico nacional sobre la pobreza y la desigualdad».
Al comentar la edición 2020 del informe social anual de CEPAL, Monreal alerta sobre la escasa importancia que parece concedérsele oficialmente en Cuba al análisis público de temas cruciales como la pobreza, la desigualdad y el efecto social del empleo de baja productividad.
No es casual que la desigualdad sea uno de los temas pendientes de la encuesta de Cubadebate. No hay preguntas específicas sobre las tiendas en divisas (MLC); medida que se sabe ha recibido los mayores niveles de rechazo e insatisfacción popular desde su aplicación.
A pesar de que los altos representantes del Gobierno cubano se han empeñado en convencer a la ciudadanía de que el diseño de la reforma ha sido objeto de acuciosos estudios, lo cierto es que las investigaciones realizadas sobre la política social en Cuba recogen como una de las debilidades principales del diseño de la política, la escasa — casi nula— incorporación de los criterios de los usuarios para el mejoramiento de los servicios (Uriarte, 2002).
Se sabe muy poco de la percepción ciudadana sobre las políticas y los programas sociales, más que sea por los puntuales reportajes de la prensa oficial y, en los últimos años, por la cobertura que medios de prensa independientes les han dado a las preocupaciones de la ciudadanía y los crecientes problemas sociales.
Sin embargo, no existen sondeos de opinión ni encuestas de hogares o caracterización socioeconómica permanentes que permitan tener una aproximación más sistemática y comprensiva sobre las condiciones de acceso y la calidad de los servicios sociales en Cuba.
Además, la aplicación de este tipo de instrumentos (encuestas, sondeos de opinión) es relevante en contextos autoritarios como el cubano. Al girar en torno a las actitudes del público hacia las cuestiones de índole económica, social o de política pública, pueden desempeñar, al igual que lo indica la experiencia en China (2017), un papel notable en la comunicación del estado de ánimo de la sociedad a un público más general y a los responsables de la toma de decisiones políticas.
El activismo en las redes sociales en Internet ha obligado al Estado chino a reformar sus formas tradicionales de manejar los eventos de los medios y la política.
La naturaleza bidireccional de la comunicación habilitada para Internet ha permitido nuevas formas de interacción entre el Estado y los actores no estatales y un espacio de opinión pública más elástico de lo que los medios tradicionales pueden proporcionar.
Así, frente a la ausencia de canales electorales para expresar sus puntos de vista y la dificultad de tomar acciones contra las políticas a las que se oponen, las encuestas de opinión se convierten en un sustituto de la voluntad pública cuando los medios informan sus resultados.
UNA «TAREA» VALORADA COMO NECESARIA, PERO EVALUADA INSATISFACTORIAMENTE
Los resultados de la encuesta arrojan mayoritaria aprobación (74 %) sobre la necesidad que existía para la economía del país de emprender la llamada Tarea Ordenamiento y una evaluación altamente positiva (95 %) por la rectificación de algunas medidas tras su puesta en marcha.
Sin embargo, la evaluación sobre el impacto que ha tenido en la vida de las personas es en gran medida negativa, lo cual revelando una falta de correspondencia entre el incremento salarial y el aumento de precios.
Lo anterior se expresa en que la inmensa mayoría de quienes contestaron (94 %) declaran que no pueden satisfacer sus necesidades a través de su salario (un 67 % de manera rotunda y un 29 %, parcial). Un 41 % asegura que no logra adquirir «los productos y servicios de primera necesidad» y el 46 % afirma que solo puede conseguir una parte.
Es ínfimo el porcentaje (1 %) que considera que los nuevos precios son acordes a los nuevos sueldos. El 78 % juzga desmedido el aumento de todos los precios y el 22 %, de algunos de ellos. Además, un 91 % de los encuestados coincide en que la subida de los precios no se ha traducido en una mejoría de la calidad de los productos.
La reforma de salarios y precios incluyó la eliminación de subsidios a muchos alimentos y aumentó los precios de servicios vitales. Esto se ha traducido en una reconfiguración de la estructura de gastos familiares, en la cual los tres rubros que más gastos generan son la alimentación (48 %), seguido de los servicios básicos como agua, luz y gas (25 %) y, por último, el aseo.
La mayoría considera que se ha «rediseñado la economía familiar» con el ordenamiento (54 %). Es notable el rechazo a la reforma salarial en la encuesta, puesto que hasta un 78 % de los votantes considera que no se está logrando «enderezar la pirámide en todos los sectores» para que se pueda cobrar en función del «trabajo y capacidad» de cada uno.
Como aspectos de evaluación relativamente satisfactoria pueden considerarse el impacto en el empleo y el proceso informativo sobre las reformas. La Tarea Ordenamiento no resintió de manera significativa el empleo, puesto que la mayoría declaró haber mantenido su empleo (82 %), el 5 % quedó «interrupto» y el 7 % se encuentra en búsqueda.
El nivel de información del proceso también se evaluó como favorable, aunque muchos piensan que aún es insuficiente. Consideran que los medios de comunicación han facilitado esta labor, al igual que los centros de trabajo.
MALESTAR SOCIAL Y CRECIENTE DESPROTECCIÓN: ¿NADIE QUEDARÁ DESAMPARADO?
La literatura especializada señala que, en las sociedades autoritarias declaradas socialistas, dado que el Gobierno controla la economía, de esa misma manera se le asigna toda la responsabilidad cuando la economía flaquea. Sin embargo, representantes del Gobierno insisten públicamente con mayor frecuencia en que «No todo puede ser responsabilidad del Estado cubano».
Así se expresó Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, en su comparecencia en el programa Mesa Redonda emitido el 11 de enero de 2021, en respuesta a las innumerables quejas de la ciudadanía por el incremento de los precios de los servicios sociales que reciben las personas mayores a través del Sistema de Atención a la Familia (SAF), derivados del inicio de la Tarea Ordenamiento.
Un caso emblemático ha sido el de los comedores sociales, donde muchos de los beneficiarios han tenido que dejar de usar el servicio por no poder costearlo.
El alto funcionario de Gobierno también dijo que frente al reto sociodemográfico de mayor envergadura que tiene el país, el envejecimiento poblacional, no era posible que toda la responsabilidad recayera sobre el Estado cubano. «Tiene que haber también una responsabilidad de la familia. El que más y el que menos tiene un adulto en la familia».
De su intervención puede interpretarse un claro repliegue del Estado en la protección social y un trasvase hacia la familia de las responsabilidades de cuidado y atención, lo que en efecto ha venido ocurriendo desde hace varios años y ha sido demostrado por varios estudios.
El Estado cubano hace rato comenzó a «corregir» lo que el autor de un cuestionado artículo de Juventud Rebelde denominó «sobreprotección igualitarista». Desde el diseño e implementación de los Lineamientos en 2011, el Estado cubano ha ido achicando su participación en la protección social y ha introducido criterios selectivos que refuerzan la diferencia sobre la igualdad.
Con las medidas puestas en marcha desde entonces, según Bobes (2016), se ha transitado hacia una concepción y manejo del bienestar social que parte de una versión restrictiva de la justicia social, que modifica el concepto de las necesidades del pueblo y acorta los parámetros de bienestar.
En paralelo, se le ha ido asignando un mayor peso al mercado en la satisfacción de necesidades básicas, al abandonar de manera paulatina criterios distributivos igualitaristas (Espina, 2020).
En un escenario como el descrito, el rol de la asistencia social es vital para contener el empobrecimiento y proteger a los grupos vulnerables (Torres, 2020b). Sin embargo, a dos meses de estrenada la Tarea Ordenamiento, no han aparecido muchas soluciones más allá del llamado a la paciencia y la resignación de la promesa de que «nadie quedará desamparado».
Los resultados de la encuesta, así como los comentarios en el post, confirman la existencia de un creciente malestar en la sociedad cubana, expresado tanto en el deterioro y empobrecimiento de las condiciones materiales que caracterizan la vida de las personas, como en su correlato en expresiones subjetivas de descontento, tanto a nivel individual como colectivo.
El último panorama social de la CEPAL presta atención al malestar social en tanto puede ser factor de transformación y de progreso social pero, al mismo tiempo, generar apatía o desafección política, sin que el descontento tenga una expresión estructurada a través de demandas específicas.
Se preocupa porque la falta de respuesta al malestar por parte de Gobiernos e instituciones, así como las respuestas que no son sostenibles en el tiempo, pueden generar grandes tensiones, conflictividad e inestabilidad.
Bien haría el Gobierno cubano en poner atención a las expresiones del malestar y proceder, con el concurso de los más amplios sectores, a emprender todos los cambios que se requieran en pos del pospuesto y anhelado bienestar que demanda la sociedad cubana. Podría empezarse por ampliar, mejorar y replicar esta encuesta, para transparentar sus fines, plazos y criterios técnicos y éticos, y no dejar de publicar sus resultados.
Referencias:
Bobes, C. (2016). Reformas en Cuba: ¿Actualización del socialismo o reconfiguración social? Cuban Studies, 44, 165-188.
Espina, M. (2020). Reforma y emergencia de capas medias en Cuba. Nueva Sociedad, 285, 108-121.
Song, Y., Lu, Y., Chang, T.-K. and Huangd, Y. (2017). Polls in an authoritarian space: reporting and representing public opinion in China. Asian Journal of Communication, 27(4), 339-356.
Torres Santana, A. (2020b). Regímenes de bienestar en Cuba: Mujeres y desigualdades. Cuban Studies, 49. 6-31. Uriarte, M. (2002). Cuba. La política social en la encrucijada: manteniendo las prioridades, transformando la práctica. Oxfam América, Washington D. C.
